Habaneros. Fotos: Miguel Fematt

Durante el periodo que va de agosto de 2006 a febrero de 2008 fue efectuado sin sobresalto el relevo de liderazgo político nacional, las funciones de mando fueron mejor repartidas dentro del Buró Político y el presidente Raúl Castro impulsó un fortalecimiento de la institucionalidad, dirigido por el Partido. Los cambios son particularmente necesarios para un 70% de los 11 millones de cubanos, nacidos después de 1959 (con énfasis en los tres millones de habitantes menores de 20 años), para los que la crisis material y sus efectos morales constituyen “su vida y visión del socialismo”. El saldo de la etapa se expresó en un conjunto de decisiones puntuales: el ajuste de las inversiones de la “Batalla de Ideas”;2 el pago de deudas estatales a campesinos privados y la elevación hasta en un 250% de los precios “de acopio” que paga el Estado por la leche y carne producidas por aquéllos; cierta flexibilización de la política aduanera para permitir la importación individual de artículos electrodomésticos. Y se produjo el anuncio de una añorada reforma salarial que eliminaría los topes a los ingresos devengados, estimulando el desempeño personal..

Durante la etapa se emprendieron algunas inversiones industriales (petroquímica), se rehabilitaron acueductos y viales, se acometieron cruciales obras hidráulicas en las provincias orientales, afectadas por la sequía. También se impulsó la producción y comercio territoriales de hortalizas y leche, hubo un sensible mejoramiento del transporte público en la capital y cierta recuperación en los sectores de la salud, la gastronomía y el comercio. Sin embargo continuó restringida la oferta de la libreta de racionamiento (válida para cubrir por 15 días las necesidades básicas de alimentación), se mantuvo el estancamiento de los magros ingresos personales reales (cada familia destina actualmente a la alimentación casi el 80% de sus ingresos personales), mientras el modesto incremento salarial de fines del 2005 fue reducido por el aumento de la tarifa de electricidad para el ahorro energético.

Aunque algunas demandas populares (fin de restricciones a viajes al exterior de los ciudadanos, más espacio a iniciativa personal, etc.) siguen durmiendo el sueño de los justos, se han levantado prohibiciones relativas al acceso a los hoteles, al servicio de comunicación celular y a la venta de varios tipos de bienes de consumo demandados por segmentos solventes de la sociedad. Desde diversas ópticas estas “aperturas” han sido frecuentemente valoradas desde enfoques polares (apuesta de la libertad personal con énfasis en derecho formal versus defensa de una equidad social anclada en la capacidad efectiva de realizar el consumo), revelando la necesidad de un marco de creación y ejercicio de derechos con participación ciudadana y de control social de las acciones discrecionales de los altos funcionarios. En efecto, tanto un perfeccionamiento democrático del socialismo, como la defensa de los intereses populares ante una potencial restauración capitalista (dirigida por segmentos de la tecnoburocracia), supondría el impulso a formas de contraloría social, rendición de cuentas y creación de interfaces “sociedad civil-Estado” donde la primera no sea mera correa de transmisión de las decisiones del segundo.

En la dimensión exterior, la necesaria y promisoria orientación latinoamericanista recibe hoy impulsos con la continua condena al bloqueo yanqui, la entrada cubana al Grupo de Río, y el espaldarazo del gobierno brasileño (con incremento del comercio, el crédito y las inversiones) simbólicamente sancionado con la invitación de Lula a Raúl Castro para una visita a tierras cariocas. La normalización migratoria con México y las mejoradas relaciones con Argentina y Colombia parecen apuntar a una dirección positiva. Sin embargo, el acercamiento Cuba-América Latina confronta varios escollos fundamentales. Las dificultades internas de los aliados (conflicto de autonomías en Bolivia, disputa electoral en Nicaragua, fortalecimiento de la oposición en Venezuela); las presiones de la actual crisis económica mundial; y el hecho de que los nuevos gobiernos “progresistas” de la región hablan un lenguaje diferente del discurso y cultura política oficiales cubanas, son algunos de ellos.

Afortunadamente, existe en el liderazgo un consenso en la necesidad perentoria de sacar adelante la economía y aumentar la producción de alimentos. El vicepresidente Esteban Lazo, en una reunión del PCC en la provincia de Matanzas el 17 de junio de 2008, llamó a trabajar “con disciplina” y “mayor eficiencia” para aumentar la producción de alimentos, disminuir las importaciones como “estrategia fundamental del país y la mayor contribución que puede hacer hoy el Partido para salvar el socialismo”. Durante la Asamblea Provincial del PCC en la provincia de Santiago de Cuba, a finales de julio de 2008, el primer vicepresidente, José Ramón Machado Ventura, mencionó “la baja productividad de las fuerzas, la falta de exigencia, el ausentismo y el descontrol existente en no pocas entidades” como factores responsables de los “insuficientes niveles productivos” en el sector agropecuario de la provincia, más allá de la limitación de recursos.

Estas y otras medidas de beneficio popular (construcción de vivienda, aumento de pensiones –limitadas en su aplicación y expansión ante las demandas acumuladas y los factores demográficos ya señalados–,y cese de prohibiciones absurdas) pueden mejorar el entorno donde se ejerce la gobernabilidad y reducir la presión social. Pero no bastan para reconstruir el monopolio estatal de asignación de recursos, valores y movilidad social de décadas pasadas, mientras las prácticas generalizadas de ilegalidad vinculadas a economías de sobrevivencia minan los fundamentos morales y la base material del poder. Además la gente espera cambios más amplios, en cantidad y calidad.

2 Conjunto de planes e inversiones sociales de variable impacto, inspirados por Fidel Castro y dirigidos centralmente por equipos constituidos al efecto, que tratan de enfrentar problemas y demandas acumulados en los críticos años noventa: desempleo juvenil, falta de personal docente y de salud, servicios médicos de alta tecnología, restauración de centros culturales, ediciones masivas de libros, entre otros. Funcionando paralelamente a (e imbricándose con) los servicios públicos tradicionales, han utilizado grandes montos de recursos del presupuesto nacional, a partir de su despliegue en el año 2000.