Pero en el caso específico de la comunidad de La Gloria intervinieron otros factores especiales. Ciudadanos de la localidad han denunciado constantemente la presencia de múltiples males respiratorios, de la piel y gástricos en la comunidad desde que en 2005 se instaló en las cercanías una gigantesca granja de cría de cerdos de la empresa Carroll de México, filial de la más grande empresa trasnacional productora de cerdos del mundo, Smithfield Foods. En años recientes se han instalado en la región 15 plantas de este tipo que ocupan la parte más occidental del Valle de Perote y una vasta extensión de las llanuras secas de Puebla que colindan con esta región. Grupos organizados de ciudadanos han denunciado el grave problema de contaminación y de salud pública que causan estas plantas desde hace tres años.

Pero el gobierno del estado, atento únicamente a la necesidad de atraer inversiones a la entidad, ha protegido a la empresa y desoído a los pobladores, quienes en respuesta a sus luchas han recibido todo tipo de amenazas, incluidas órdenes de aprehensión sobre cinco de sus líderes. En efecto, a raíz de una protesta pública que un amplio grupo de ciudadanos hizo a orillas del camino que une su pueblo con la carretera federal Perote-Puebla, la empresa Carroll hizo una denuncia y el solícito Gobierno de Puebla, en cuyo territorio tuvo lugar la acción, procedió a demandar ante un tribunal federal a las cinco personas que dirigían visiblemente el movimiento, a pesar de que dos de ellas ni siquiera estaban en esta protesta. Un empleado de la empresa fue el que testificó falsamente. A la fecha estas cinco personas continúan su proceso penal y tienen que ir al juzgado en la ciudad de Puebla cada mes. El gobierno de Veracruz también tuvo su cuota represiva, pues le dio curso a una denuncia por “difamación” que la empresa presentó contra ocho líderes civiles. Afortunadamente, esa demanda ya fue desechada.

La protesta de los pobladores se entiende mejor si colocamos en su debido contexto los riesgos ecológicos de la nueva producción industrial de cerdos. Como dice Mike Davis “se trata de una transición desde los chiqueros a la antigua, hacia vastos infiernos de excremento –de naturaleza sin precedente– en los cuales decenas, incluso cientos de miles, de animales con sistemas inmunes debilitados se sofocan entre el calor y el estiércol e intercambian patógenos a velocidad de vértigo con sus compañeros de presidio y sus patéticas progenies”. Los efectos de este modelo depredador son conocidos. Ya en 2008 “una distinguida comisión convocada por el Centro de Investigación Pew emitió un informe señero sobre la producción animal en las granjas industriales”, el cual subrayaba el agudo peligro de que “el continuo reciclaje de virus en grandes manadas o rebaños incrementará las oportunidades de generación de virus novedosos, mediante mutación o eventos recombinantes, que podrían propiciar una transmisión más eficaz de humano a humano” (La Jornada, 2 de mayo de 2009).

Si ya de por sí este modelo productivo es un riesgo global, a ello debemos sumarle la ausencia de regula- ciones efectivas en México. En las granjas de la región de Perote, las lagunas de oxidación están al aire libre, y junto a ellas se han construido fosos de concreto, denominados biodigestores, donde son arrojados los cerdos muertos por enfermedad o aplastamiento. Los fosos suelen estar llenos y la fetidez se filtra al medio ambiente, haciéndolo irrespirable en las cercanías de las granjas.

Sin hacer mención alguna a este hecho, el día 27 de abril el gobernador Fidel Herrera hizo una visita de 10 minutos al niño Edgar para tomarse una foto con él y ponerlo como ejemplo mundial de que la enfermedad es curable. Al mismo tiempo, su gobierno montó un aparato propagandístico para divulgar la buena nueva y creó un escenario artificial en la comunidad, pintando las calles, instalando una cocina que desde entonces da de comer a la tercera parte del pueblo y hasta una cafetería móvil. Pero el hecho es que no sabemos si los tres niños muertos anteriormente también adquirieron el virus, ni si los más de 600 afectados en la localidad también compartieron la misma enfermedad.

Una vez más, el gobernador defendió en primera instancia a la empresa porcícola, aunque después de ver las reacciones de los medios decidió solicitar estudios sobre el caso. Uno de ellos, sobre los cerdos de las granjas de Perote que la empresa Carroll encargó con bombo y platillo a la Universidad de Minnesota, ha quedado sospechosamente en el olvido. A esta fecha apenas está por iniciarse una investigación epidemiológica seria sobre La Gloria con la participación de investigadores de la UNAM y de la Universidad Veracruzana. Habrá que esperar los resultados de ese estudio para saber a ciencia cierta si hay una relación entre las plantas porcícolas y el brote de influenza.

La irresponsabilidad del sector púbico se reprodujo en otras entidades. Nadie ha explicado hasta hoy por qué hubo tantos casos en San Luis Potosí, ni hay información alguna sobre el perfil de las víctimas. Nadie ha explicado por qué hubo tantos muertos en la Ciudad de México ni sabemos si en realidad hubo más enfermos en otras partes del país que simple y sencillamente no fueron reportados. En Jalisco no se informó a tiempo del número de casos, lo que redundó al final en la necesidad de mantener por más tiempo las medidas de emergencia.

Este cuadro habla de la precariedad de la investigación epidemiológica en México y de la inexisten- cia de infraestructura adecuada para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, pese a que desde hace años se sabe que hay una alta probabilidad global de una epidemia de algún tipo de influenza. No se cuenta en México con los laboratorios adecuados, y hace muchos años se abandonó el desarrollo de plantas de fabricación de vacunas, lo cual nos hace depender de abastecedores extranjeros de estos vitales elementos de prevención de epidemias. La falta de previsión y de planes de largo plazo explica esta irresponsable omisión que ahora se quiere subsanar de manera urgente.

En suma, se trata de un caso patente de omisión de responsabilidades del Estado: México sólo gasta en salud 6.6% del PIB, cuando el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 8.9%. Alrededor de 40% de la población no está protegida por ningún sistema de salud, y el instrumento diseñado para subsanar esa carencia, el Seguro Popular, está subfinanciado y carece de la infraestructura hospitalaria y de atención primaria requerida para ofrecer un servicio digno. Hablar de la capacitación del personal es entrar en un terreno pantanoso, pues es patente que hay grandes carencias de formación y de actualización.