| Año 8 • No. 319 • Julio 21 de 2008 | Xalapa • Veracruz • México |
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Divide
a juristas la constitucionalidad o no de la reforma de Pemex |
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 Juristas coincidieron en que la iniciativa petrolera sí contiene propuestas que violentan la Constitución Mexicana |
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La constitucionalidad o no de la reforma para Petróleos Mexicanos
(Pemex) propuesta por el gobierno federal dividió a juristas
expertos durante el foro La industria petrolera en México:
diagnóstico y alternativas, organizado por la Universidad Veracruzana
(UV). Miguel Carbonell, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Alejandro López Velarde, consultor y especialista en contratos del sector petrolero, y Margarita Guillaumin, abogada y diputada del Congreso local, expusieron posturas divergentes en cuanto a la inconstitucionalidad de otros puntos de la iniciativa petrolera, entre ellos la participación del sector privado en la explotación del recurso. Sin embargo, sí coincidieron en que las facultades que propone la iniciativa petrolera para el Consejo de Administración de Pemex son inconstitucionales, pues otorgarían a este organismo atribuciones que sólo competen al Congreso de la Unión y que resulta violatoria del Artículo 134 constitucional. En el encuentro, realizado en la USBI de Xalapa con transmisión simultánea a los demás campus, y que contó con la participación del rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, López Velarde y Carbonell afirmaron que la participación privada ya existe –pues Pemex tiene más de mil 500 proveedores– y no violenta el mandato constitucional, ya que no implica compartir la renta petrolera de forma directa ni indirecta. Respecto de la iniciativa referida que propone dar facultades al Consejo de Pemex para aprobar reglas sobre adquisiciones, obras, arrendamientos y servicios, es decir, para establecer los términos de los contratos, los juristas coincidieron en señalar que esta regulación sólo puede ser “materia de ley”, es decir, establecida por el Congreso. “La regulación, como la propone la iniciativa, favorece condiciones para la corrupción al dejar en manos de un Consejo de Administración estas funciones”, aseguró López Velarde, especialista en Derecho Económico Internacional, y ex representante legal de Pemex en Estados Unidos. “Da pie a que se malinterprete el otorgamiento de dichos contratos”, coincidió Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al señalar que la iniciativa debatida, en su Artículo 45, no contempla la realización de licitaciones públicas para la contratación de obras o la adquisición de bienes y servicios. Ambos coincidieron con Margarita Guillaumin en otro de los puntos de conflicto, en el sentido que dos de los miembros del Consejo –nombrados por el Presidente– quedarían excluidos de la Ley de Responsabilidades, lo que violaría el Artículo 108 constitucional. La diputada del Partido de la Revolución Democrática aseguró que la iniciativa violenta el Artículo 27 de la Carta Magna, que ordena mantener bajo el dominio directo de la nación la explotación del petróleo, igual que el resto de los recursos naturales. Manlio Fabio Casarin León, director de la Facultad de Derecho de la UV, reconoció que la participación de las universidades en el debate nacional es fundamental para promover el diálogo y buscar consensos que permitan concretar la reforma energética. |
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 El rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, así como funcionarios, académicos y estudiantes participaron en el foro |