Actualmente la sociedad mexicana se ha podido percatar de ciertas manifestaciones de poder que el gobierno ejerce sobre los ciudadanos, ya sea como órgano ejecutivo, legislativo o judicial. Estas manifestaciones son consideradas algunas veces justas y otras más, injustas.

Un caso, mencionado es estos últimos días, es el del indulto que el Presidente de la República otorgó a los campesinos ecologistas de Guerrero, los que se oponían a la tala indiscriminada de los bosques y que, según organismos de derechos humanos y otras instituciones protectoras del ambiente, fueron encarcelados injustamente por los delitos de portación ilícita de armas de fuego y siembra de marihuana. Dicho indulto, que no es mas que una gracia por la que se conmuta o remite una pena, es una de las facultades que corresponden al titular del poder ejecutivo, (hay que tomar en cuenta las diferentes circunstancias y aspectos del caso y que decidieron al Presidente para concederlo a los campesinos guerrerenses).

Sin embargo, a pesar de lo positivo que parezca el otorgamiento del indulto, este no es más que una mera excusa absolutoria donde la calificación delictuosa permanece y lo único que no se aplica es la pena, en otras palabras, continúa habiendo delito y simplemente ya no se castiga al delincuente. Todo esto nos lleva a concluir, que la decisión del gobierno al liberar a los campesinos, no es tan benéfica para ellos, ya que los deja con "La espada de Damocles" sobre sus cabezas, pues ahora tienen que luchar para que sean retirados los cargos en su contra, y sean considerados totalmente inocentes de los mismos. La abogada defensora de estos campesinos es la recientemente fallecida, Digna Ochoa, cuya defensa le valió la admiración de toda la sociedad.

Ahora tratemos otro punto, otra facultad del gobierno y que la mayoría de la sociedad mexicana ha considerado un acto de injusticia, que viola los derechos fundamentales del hombre. Se trata de la expropiación de la tierra para la utilidad pública. El artículo 27 de nuestra Constitución establece que el gobierno puede llevar a cabo expropiaciones de tierras en los casos de utilidad publica y mediante indemnización.

Si analizamos que la propiedad de las tierras corresponde originariamente a la Nación, no podremos discutir el hecho de que el gobierno esta facultado para expropiar en cualquier momento y cuando lo considere necesario, determinados terrenos, sin que ningún propietario pueda oponer objeción alguna. En México se vive actualmente esta situación con la expropiación de terrenos en Texcoco, para la construcción de un nuevo aeropuerto; un caso especial es el de los ejidatarios de San Salvador Atenco, donde las personas se oponen rotundamente a abandonar su tierra, llegando al grado de armarse con machetes y palos para defender lo que consideran propiedad suya.

Si bien es cierto que la Constitución sienta las bases para llevar a cabo la expropiación y por lo tanto la ley la permite, también es cierto que los campesinos son por completo ignorantes a esto. Para ellos el gobierno esta tratando de despojarlos de su medio de subsistencia, llegando al punto de transformar su forma de vida.

En suma, no se puede establecer si el gobierno hace bien o mal, ya que hay diversos puntos de vista al respecto. Por un parte los empresarios que se benefician con este proyecto y por la otra, la de los campesinos que lo único que desean es conservar su patrimonio sin importar que los indemnicen o no.

Finalizo dejando una pregunta para la reflexión: el gobierno ¿es justo o no?, por supuesto, no puedo responder. Pienso que para tener una visión más clara del problema y poder emitir una opinión o una respuesta a esta interrogante, hay que vivir en carne propia la situación misma. Críticas y opiniones a:

uriarte13@hotmail.com.