C.P.

          Como el fideicomiso que administra los recursos asignados a las celebraciones está bajo la custodia de Banjército, no será hasta el año 2019 cuando los mexicanos conozcamos la cifra de lo que se gastó en los festejos. ¿No habría sido mejor invertir estos recursos en la dotación de servicios a las poblaciones más necesitadas de México?

          En efecto, en los debates académicos, públicos y privados se ha hecho referencia al alarmante incremento de los niveles de pobreza y a la desintegración del tejido social en todo el país, pero sobre todo en las comunidades indígenas, históricamente relegadas, amenazadas y subvaloradas. Parecen vivir en cierta continuidad con la época colonial, cuando la corona española las puso en la categoría de “menores de edad” y dictó leyes para protegerlas de posibles abusos por parte de funcionarios y de los no indígenas, de quienes no siempre escaparon. Si la política corporativa los resguardaba judicialmente y protegía sus propiedades comunales y derechos políticos, ahora ni eso. Son iguales a todos los mexicanos pero asimétricamente perjudicados.

          Los liberales mexicanos del siglo XIX pensaron que con la igualdad social ante la ley, y destruyendo sus costumbres y tradiciones, los indígenas abandonarían su condición para convertirse en ciudadanos mexicanos. Para ello, éstos debían abandonar su modelo de comunidad y privatizar sus tierras, con la posibilidad de venderlas, arrendarlas o trabajarlas. El resultado fue terrible porque muchos se quedaron sin su patrimonio y terminaron convertidos en trabajadores de hacienda.

          Tras el triunfo de la Revolución, hubo una nueva redistribución de la tierra por medio de los ejidos y de la restitución de tierras a las comunidades indígenas. Sin embargo, en los años recientes, con las políticas neoliberales, fueron liquidadas prácticamente todas las empresas paraestatales de apoyo a los campesinos y a los indígenas y se volvieron a privatizar las tierras ejidales y comunales por la modificación al artículo 27 Constitucional. Con estas medidas el Estado mexicano abandonó a su suerte a buena parte de la sociedad y su lugar fue ocupado, entre otros, por los capos de la droga. Este fenómeno se ha dado con mayor fuerza en las poblaciones de campesinos mestizos, y menos en las comunidades indígenas.

          Otro tema relacionado con lo anteriormente expuesto, y que hasta hace algunos años fue responsabilidad del gobierno federal, es el de la educación. Con la descentralización educativa y el extraordinario incremento de la educación privada, la Secretaría de Educación Pública también cedió su lugar a los cacicazgos magisteriales o a los grupos de poder regionales, y con ello se ha generado una peligrosa división en la sociedad mexicana entre los que cuentan con recursos para educar a sus hijos en escuelas y universidades privadas, y los que se educan en las públicas. Hace 30 años todavía se percibía la existencia de un proyecto educativo nacional, por lo que, independientemente de su condición social, los jóvenes estudiaban en las mismas universidades, que eran en su mayoría públicas. Desde entonces todas las iniciativas de reforma del sistema educativo en México han fracasado. Peor aún, no se cuenta con un programa nacional académico y pedagógicamente bien sustentado. Ello se refl eja en gran cantidad de programas educativos y en los diversos contenidos en los libros de texto, así como en el bajo rendimiento escolar que coloca a nuestros estudiantes muy por debajo con respecto a otras naciones.